Reconfiguración de las relaciones entre Estado, sindicatos y partidos en America Latina

JUAN CARLOS CELIS OSPINA*

En América Latina, a finales del siglo pasado, cuando no se observaban alternativas al neoliberalismo, planteábamos varios posibles escenarios futuros, tales como el autoritarismo, la democracia de baja intensidad, el corporativismo, el neoestructuralismo o la regulación internacional. Hoy muchas cosas han cambiado y han aparecido nuevas opciones en el continente, algunas de las cuales se perfilan como estrategias de desarrollo verdaderamente innovadoras que están sustituyendo el simplismo de las bondades absolutas del mercado por nuevas formas de regulación con un fuerte contenido social, y que han favorecido la revitalización de los actores sociales y el fortalecimiento de los mercados internos, sin aislarse de la internacionalización de la economía. Asimismo, han surgido otras opciones, ubicadas como las anteriores dentro del campo de la izquierda política y que han colocado lo social en el centro de su atención; pero su perfil democrático, así como la sostenibilidad de su desarrollo económico futuro, están siendo cuestionados por parte importante de la población. En medio de todos estos procesos han emergido inéditos procesos de reconfiguración de diferente carácter en las relaciones entre Estado, sindicatos y partidos políticos.

Para discutir sobre estos asuntos nos reunimos en La Paz, entre el 2 y el 4 de mayo de 2012, algunos de los integrantes del Grupo de Trabajo de Clacso Trabajo, ModeloEconómico-productivo y Actores Sociales, continuando así con un debate que habíamos iniciado en México en 2010, en el marco del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (ALAST)1. En esta oportunidad, investigadores de Argentina (Cecilia Senen y Juan Carlos Neffa), Bolivia (Tanía Aillon, Luis Fernando Castro y Samuel Peredo), Brasil (Juan Bautista Lucca), Chile (Daniel Núñez Arancibia), Colombia (Juan Carlos Celis), México (Enrique de la Garza), Uruguay (Mariela Quiñones) y Venezuela (Consuelo Iranzo) pudimos contrastar las diferentes experiencias nacionales en materia de política laboral, para observar que está teniendo lugar un desarrollo complejo y contradictorio. En algunos casos se constata una revitalización del movimiento sindical, representado en un aumento de la tasa de sindicalización, y algunas innovaciones en la negociación colectiva, mientras que en otros ha aumentado la conflictividad laboral con diversa intensidad, se mantiene la represión y los principales sindicatos se enfrentan a las políticas implementadas. Muchas preguntas quedaron abiertas en torno a la forma en que los diferentes gobiernos tratan de

definir sus pactos (en los casos en que existen) con sindicatos y empresarios, y al espacio en que estos actores se desenvuelven para tratar de incidir en las orientaciones puestas en práctica, algunas de ellas en contravía del neoliberalismo. También formaron parte de la discusión los cambios que se han producido en los países continuadores de la trayectoria neoliberal, en los que los mismos tratados de libre comercio, por la vía de suprimir el dumping laboral, han permitido una cierta reducción de la precarización la boral. Y en común, tanto en los casos de gobiernos de izquierda, como en los conservadores, nos encontramos ante una crisis de representación política de intensidades diferenciadas, que enmarca los retos para las organizaciones de los trabajadores, las

instituciones gubernamentales y los empresarios, a la hora de replantear sus estrategias. En Europa los estudiosos del mundo del trabajo tratan de dar cuenta de los cambios que se presentan en las formas de regulación de la economía y en las relaciones laborales e industriales, producto de los procesos de integración continental, intensificación de la competencia y crisis económica. En dichos esfuerzos investigativos se están redefiniendo conceptos como el corporativismo bajo nuevos enfoques teóricos y de acuerdo a un contexto de reforma de los Estados de bienestar, con disminución del poder sindical y persistencia de altas tasas de desempleo. Al respecto surgen preguntas sobre las tendencias a la convergencia o divergencia en los modos de capitalismo y en particular de las relaciones laborales, con los respectivos fenómenos de descentralización de las negociaciones colectivas, diferentes rutas de flexibilización de los mercados laborales, y todo en el marco de un cambiante balance de poder entre sindicatos, empresas y partidos. América Latina parece seguir una senda diferente a la europea, pero la necesidad de redefinir los referentes analíticos es la misma y también se sigue discutiendo sobre la pertinencia de conceptos como neocorporativismo o poscorporativismo. Al respecto, la exposición de Enrique de la Garza, con la que se inició el seminario, destacó el papel articulador que jugó el corporativismo entre la acumulación de capital y la legitimidad, estimulando durante un importante período la demanda agregada, el pleno empleo y los sistemas de relaciones industriales, y alejando el peligro de la revolución y de la gran crisis; es decir, el corporativismo fue el pacto que posibilitó la instauración del Estado social. Con la implantación de las políticas neoliberales se pensó que al eclipsarse la intervención del Estado desaparecería el corporativismo; pero ese Estado ha seguido siendo muy activo en la gestión de políticas –aunque de diferente orientación– sociales, laborales, económicas y

de apoyo a las empresas mediante pactos con nuevos actores, a la vez que en la sociedad civil ha emergido el protagonismo de organizaciones no vinculadas con el corporativismo del Estado social, ya sean ONG, grupos ambientalistas, de mujeres, etc.  Asumiendo el corporativismo como un concepto multiforme, la realidad de cada uno de los países muestras vestigios de viejos y de nuevos corporativismos, estos últimos pudiendo ser adjetivados de diversas maneras. Por ejemplo, en el caso venezolano se avanzó la hipótesis de un posible corporativismo autoritario, pues si bien existen organizaciones empresariales y sindicales articuladas subordinadamente al Estado, que reciben los beneficios del monopolio de la representación y que actúan como fuerza de choque contra cualquier signo opositor, no son en la práctica interlocutoras en la elaboración de las políticas públicas ni intermediarias frente a sus mismos afiliados: es el propio gobierno, y más específicamente el Presidente de la República, quien impone sus términos en consonancia con lo que denomina el socialismo del siglo XXI (socialismo rentista en opinión de la expositora); condición que puede contribuir a explicar la alta conflictividad social y laboral en las bases a pesar de la gran popularidad

de la cual sigue gozando el primer mandatario. Otro intento de imponer inicialmente una relación corporativa puede verse en el caso de Bolivia, pues aunque el gobierno integró inicialmente a la principal central sindical dentro de su proyecto, con el tiempo no ha logrado resolver la relación conflictiva que se fue creando con las bases obreras. Estas han rechazado la posición conciliadora de la Central Obrera Boliviana (COB) al no sentir satisfechas sus expectativas, negándose a alinearse acríticamente con el proceso liderado por Evo Morales, cuyo apoyo popular está en las bases campesinas. En opinión de los expositores, las contradicciones creadas son insalvables

dado el carácter del proyecto gubernamental, cuya alianza con el capital extranjero le ha llevado a no apoyar las reivindicaciones obreras. En consecuencia, la pregunta común es cómo se conforma la legitimidad en ambos países ante un pacto corporativo esquivo pero anhelado por distintos actores, y en especial a contrapelo de las agencias multilaterales y de la estabilidad geopolítica y económica regional.

Casos más próximos al corporativismo societal o europeo pudiesen considerarse los representados por Uruguay, Brasil y Argentina, y especialmente el primero, siendo de hecho el único que fue analizado desde esa perspectiva. En lo relativo a Uruguay, la importancia de las corporaciones fue considerada de tal magnitud que parte del buen funcionamiento de la democracia dependería de su existencia. Son ellas las garantes de la existencia de diálogo social, a través del cual se dirimen y resuelven las demandas contradictorias sin mayores conflictos. En el caso de los sindicatos, la alta

valoración social de la cual gozan está estrechamente vinculada al importante papel que jugaron en la recuperación de la democracia, pero también las organizaciones empresariales y profesionales gozan de credibilidad por el hecho de que ha primado históricamente la búsqueda de la representación colectiva y el respeto a las divergencia. No obstante, un rasgo de tales corporaciones es que no representan intereses clasistas sino más bien sectorializados, razón por la cual su papel es el de amortiguar los procesos de cambio de cualquier índole, por lo que aquellos de mayor trascendencia se deciden fuera de ellas. En el caso de Brasil, desde el inicio del gobierno de Lula se mantuvo una relación de diálogo con todas las expresiones sindicales (para lo que se creó el Consejo Nacional de los Trabajadores), aunque sin lugar a dudas siempre mantuvo una relación privilegiada con la Central Única dos Trabalhadores (CUT), varios de cuyos dirigentes han participado directamente en el gobierno. Dado que, a pesar de las diferencias que han sostenido en estos años, como en el caso de la reforma laboral, la CUT siempre ha respaldado en los momentos críticos al gobierno, pareciera que es posible hablar de un tipo de corporativismo. Sin embargo, se

señaló que la relación entre dicha central y el gobierno siempre mantiene una cierta tensión debido al deseo de la primera de profundizar más los cambios en curso y al debilitamientode la relación entre el gobierno y los movimientos sociales en el período actual.

En el caso de Argentina, desde los inicios de su gobierno Kirchner se encontró con un movimiento sindical muy fragmentado y el sindicalismo peronista nunca ha sido la columna vertebral del gobierno. Pero las miradas coincidentes respecto a la relación que debe existir entre los trabajadores y el gobierno llevó al expositor a hablar de una convergencia identitaria entre las centrales obreras y este último. Asimismo, aunque no parece existir una base político-programática común, las políticas puestas en práctica en materia laboral son valoradas como afines a los intereses de los trabajadores. No obstante, las relaciones entre las centrales y el gobierno de los Kirchner han ido variando a lo largo de sus casi diez años en el poder y existen serios obstáculos a la hora de redefinir un pacto corporativista, pues se consagró una desarticulación entre partido y central peronista que no han podido superar.

Chile representa un caso singular en la medida que dos décadas de gobiernos de centroizquierda no lograron desmontar el modelo de relaciones laborales instaurado durante la dictadura militar y las instituciones laborales siguen caracterizándose por su carácter autoritario. Asimismo, las instancias sindicales mantienen su carácter vertical y el comportamiento sindical del período previo a Piñera fue catalogado de oportunista y corporativo, pues su dirigencia se benefició de la presencia de sus partidos en el poder, pero no motorizó la transformación del sistema laboral. No obstante, se reconoció que se avanzó en términos de formar una nueva dirigencia sindical en materia de legislación laboral, lo que posiblemente le permitirá al sindicalismo ser más proactivo bajo las circunstancias actuales. Los dos países presentes en el evento que no han tenido gobiernos de corte de izquierda fueron Colombia y México. Colombia tiene una tradición de sindicalismo clasista y anticorporativo que viene mostrando signos de revitalización, con aumento de la conflictividad, pero sin la existencia de diálogo social ni de pactos entre las centrales obreras y el Estado. En el caso de México, el neoliberalismo tampoco ha sido cuestionado desde el gobierno y ha conllevado una crisis de intercambios, pero sin grandes resistencias ni movilizaciones de los trabajadores, y con sindicatos que en su mayoría se han convertido en garantes de la paz laboral. Bajo doce años de gobiernos del Partido de Acción Nacional (PAN) (contrario en la retórica corporativista del Partido Revolucionario Institucional -PRI), el corporativismo se ha sabido reestructurar, mudando las relaciones entre los sindicatos ligados al PRI al Estado dirigido por el PAN. En este caso, la novedad se centra fundamentalmente en el desplazamiento de los pactos corporativos nacionales hacia un corporativismo de empresa, donde los sindicatos negocian la flexibilidad a cambio de su monopolio de representación. Para nuestro Grupo de Clacso, este debate comparativo, que apenas comienza, nos permite apuntar la tendencia hacia la divergencia en las relaciones entre sindicatos, Estado y partidos en América Latina, mostrando una realidad muy diversa que difiere de la simple

diferenciación entre gobiernos de izquierda y de derecha. Esa realidad reta no sólo nuestras construcciones conceptuales, sino también nuestra capacidad de crear propuestas políticas acordes a una tendencia de integración regional con particularidades nacionales.

* Doctor en Estudios Laborales de la UAM I-México. Coordinador del Grupo de Trabajo de Clacso Trabajo, Modelo Económico-productivo y

Actores Sociales. Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

1 Los trabajos presentados en esa oportunidad fueron publicados en la Revista Trabajo, año 5, n° 8 (3ª. época), Trabajo y sindicatos durante

los gobiernos de izquierda, Ciudad de México, 2011.

pp. 159-163