viernes, 19 de agosto de 2016

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Convocatoria permanente de artículos


Con el ánimo de incentivar el debate académico y la participación de los diferentes actores de las ciencias económicas, abrimos esta convocatoria a todas las personas (estudiantes, profesores, etc.) dedicadas o interesadas en las mismas.

Esperamos recibir artículos de opinión respecto a temas de coyuntura económica; disertaciones sobre teoría económica, contable o administrativa; reseñas sobre publicaciones recientes; entrevistas, entre otros.

Condiciones

1. La convocatoria está abierta a personas de cualquier nacionalidad.
2. La extensión máxima de los artículos a publicarse es de 2000 palabras, sin notas a pie de pagina.
3. Las referencias bibliográficas deben ubicarse en el documento como notas al final del mismo.
4. Las imágenes deben adjuntarse en su archivo original, con enlace o fuente correspondiente.
5. Los documentos deben contener la identidad o seudónimo de su autor, con el correo electrónico y usuario de redes sociales (opcional). 

6. Los documentos deben ser enviados al correo electrónico colectivodeeconomía@gmail.com




























martes, 2 de agosto de 2016

Los estudiantes, los principales afectados por la inflación

POR Jhonathan Alexander Higuera

Acceder a la educación en superior en Colombia no es nada fácil; aunque muchos jóvenes optan por sacar créditos para poder pagar sus estudios sin conocer a profundidad cómo la crisis económica también está afectado la manera de hacer los pagos de estas cuotas.
Los estudiantes, los principales afectados por la inflación Los estudiantes, los principales afectados por la inflación
El último dato de inflación que reveló el DANE correspondiente al mes de junio se ubicó en un 0,48%, muy superior a lo que esperaban los analistas del mercado. Con esta situación, la capacidad de compra de los colombianos ha disminuido en 5,10% este año, y la variación delÍndice de Precios al Consumidor (IPC) va en 8,6% para los últimos 12 meses. Esta cifra es preocupante sabiendo que para el 2016 el salario mínimo tuvo un aumento de apenas 7%.
¿Qué es el IPC y la inflación, y por qué está aumentando?
El IPC es un indicador calculado por el DANE que busca medir si suben o bajan los precios de los productos que los colombianos compran a diario. La inflación, dato que revela los días 5 de cada mes, es la variación del IPC, y muestra si los bienes se han encarecido (inflación), o, por el contrario, si el dato es negativo, se han puestomás baratos (deflación). 
Entre las razones que explican al aumento en la inflación son el fenómeno del niño, el aumento en la tasa de cambio con un dólar alrededor de los 3000 pesos que encarece los productos importados y el actual paro de transportes, que genera presiones al alza sobre los precios de los alimentos.
A pesar de que los analistas estiman que la inflación disminuirá en lo que falta del año, el Banco de la República ha tenido que aumentar la tasa de interés de referencia hasta 7,5%, lo que tiene repercusiones en el costo de los créditos y en las limitaciones que imponen las entidades bancarias para otorgarlos ya que la liquidez o el dinero que circula en la economía disminuye. Cabe recordar que recientemente la Superintendencia Financiera certificó la tasa de usura en 32,01%.
Aumento en costo de los créditos educativos
Esto es motivo de preocupación para las personas que actualmente tienen un crédito hipotecario o educativo. Si el crédito para adquirir vivienda está denominado en UVR, el monto de la deuda habrá aumentado significativamente ya que este depende del comportamiento de la inflación.
Sucede algo similar con los estudiantes que mantienen un crédito cuyo cobro de intereses está indexado al IPC, ya que las cuotas mensuales que deberán pagar dependerán del comportamiento de este indicador. Como la inflación ha aumentado, para el próximo año se verá un aumento en las cuotas mensuales que deberán pagar para saldar su deuda.
 El que esté indexado significa que está sujeto a una tasa de interés variable que dependerá de un indicador, en este caso la variación del IPC, y que el acreedor está expuesto al riesgo de que aumente la inflación, situación que se está materializando actualmente.
 Este es el caso de algunas de las modalidades de crédito que ofrece el ICETEX, donde la tasa de interés que cobra es el IPC anual más 8 y 9 puntos porcentuales. En otras palabras, esta entidad toma el dato de la inflación a 31 de diciembre del último año, y le suma los puntos adicionales ya mencionados; esto quiere decir que la tasa de interés que se paga por este crédito cambia cada año.
Por ejemplo, si se adquirió un crédito con la entidad desde el 2014, año en el cual la inflación se ubicó en 3,66%, durante el 2015 se tuvo que pagar por concepto de intereses una tasa entre 11,66% y 12,66% E.A, lo que equivale a una tasa cercana al 0,9% mensual. Siguiendo esta lógica, como la inflación cerró en el 2015 en 6,77%, actualmente se estaría pagando por este crédito una tasa de 14,77%E.A, que representa intereses mensuales de 1,15%.
Suponiendo que este año la inflación cierra en el dato actual, 8,6%, la tasa que se pagaría sería de 16,6% E.A, lo que mensualmente representa un pago de 1,3% en intereses sobre el monto de la deuda.
Si esta variación parece poco significativa, la deuda que adquieren los estudiantes se incrementa exponencialmente al considerar que muchos renuevan estos créditos cada semestre de su carrera, que generalmente dura 5 años, y por sus condiciones socioeconómicas pagan solo la mitad del préstamo durante su carrera o deciden financiar el 100% y pagarlo al finalizarla.
 Sin importar cómo se decida pagar, los intereses se cobran sobre todo el monto adeudado desde el momento en que se desembolsa el crédito. Un cambio en la tasa de interés que pasa de 11% E.A a 16% E.A puede ser la diferencia entre poder o no pagarlo, si se tiene en cuenta que un estudiante de pregrado puede llegar a deber desde 50 millones de pesos e incluso más de 100 millones para pagar la totalidad de sus estudios.
Tomado de: http://www.finanzaspersonales.com.co/columnistas/articulo/como-afecta-la-inflacion-a-los-estudiantes/60779 
Jhonathan Alexander Higuera
Estudiante de economía UNAL
Twitter: @Jhahigueraro

lunes, 27 de julio de 2015

Desde el realismo económico Tsipras no tenía otra alternativa, dentro de la Zona Euro.

El 12 de Julio luego de los resultados demoledores en contra de los paquetes de austeridad en el referéndum del 5 de julio, Alexander Tsipras en una polémica decisión llega a un acuerdo con la Troika y luego lleva este al parlamento Griego para ser aprobado. Las críticas al primer ministro Griego han llovido desde los diferentes horizontes ideológicos, pues el acuerdo para el rescate por un valor de 50.000 millones de euros, implica que la deuda griega llegue a un nivel cercano al 200% de su PIB, según datos del FMI, pero que además se tengan que asumir nuevas reformas de austeridad criticadas fuertemente tanto por Tsipras, como por el partido en gobierno.

Hay muchos elementos de la sostenibilidad de la deuda que se han discutido, incluso de las consecuencias políticas que esta decisión puede generar, sin embargo desde el Colectivo de Economía hemos realizado una entrevista al Profesor Diego Guevara* de la Universidad Nacional de Colombia, para analizar, desde una perspectiva económica, el fenómeno y las motivaciones de  los actuales movimientos en la coyuntura.

Colectivo de Economía (CE): Algunos medios de comunicación han proyectado, incluso la misma Troika, ha recriminado lo acontecido en Grecia como algo único y aislado; sin embargo lo que pasa en Grecia parece tener antecedentes en naciones tanto europeas como del resto del mundo ¿por qué lo que pasa en Grecia no es algo nuevo?

Diego Guevara(DG):Lo que pasa en Grecia responde a lógica de los últimos treinta años del sistema capitalista, donde básicamente los cambios en términos de la política económica, tanto monetaria como fiscal han respondido a los cambios en las formas como se financian los gobiernos, se puede percibir esto a través de las constituciones de corte más neoliberal que han acudido a que a los gobiernos se les prohíba financiarse con el Banco Central ante el temor de la inflación  y por eso los gobiernos deben ir a los mercados financieros a endeudarse.

Esto ya es un tema de vieja data, desde la crisis de la deuda en América Latina en los ochentas, cuando  todos  los recursos de los petrodólares se reciclaban y se convertían a manera de flujos financieros en la región.

CE: En ese orden ¿es posible percibir una evidencia de ello en Colombia?
DG: De una u otra forma después de la ruptura de los noventa para el caso colombiano, .prácticamente  una parte importante de la financiación del gobierno se da por endeudamiento, tanto interno como externo, que en los últimos años se ha reemplazado para un país como Colombia del externo al internos, pero en general es la forma en como los gobiernos se financia, a través de deuda.

Este es el caso de Grecia, un país que dentro de la unión monetaria ha recurrido frecuentemente a créditos internacionales con el fondo monetario internacional, como con otros organismos multilaterales , y el  problema más grave de Grecia es que cinco años después de su gran crisis y de aplicar diferentes  paquetes de austeridad y reformas , la economía no ha despegado.

CE: Sin embargo hay casos donde los paquetes de austeridad ha funcionado, es decir han coincidido con una recuperación económica, ¿a qué se debe esto?

DG: Hay otros casos  donde después de ciertos paquetes de reformas de austeridad se encuentran este tipo de resultados, como Colombia, que después de la crisis del noventa y nueve coincidió con un momento  temporal del aumento de los precios de los comodities, la economía se recuperó; pero no podemos pensar  que sea porque las medidas de austeridad que impuso el FMI  en los acuerdos ‘stand by’ hayan funcionado a la maravilla, eso no lo podemos decir.

Es decir, debemos recordar los acuerdos monetarios del 2002 en los  que prácticamente se negoció reforma laboral, pensional, y de una u otra forma  son reformas, que no han logrado el efecto deseado y que el crecimiento del país, la recuperación del msmo no se ha dado como respuestas a estas, porque vemos que frente a un momento nuevamente  de crisis vuelven e insisten en las mismas propuestas.

Es un problema global ,  es un problema de la presión de los acreedores  por siempre tener el pago de la deuda , como una dimensión sagrada, por eso no es algo nuevo ni en Grecia, ni en Latinoamérica, por eso si uno compara  las medidas que se piden en Grecia hoy  con las que se pedían en Colombia hace 15 años después de la crisis del 99 son prácticamente las mismas, y los puntos de esas reformas que en el 99 no alcanzaron a pasar son en los que hoy se insisten, como eliminar cajas de compensación , subir el IVA,  son los mismo temas que se discuten hoy en Grecia,   es un debate, y esa es una forma de ver la economía, es la forma de la economía dominante para resolver los problemas, porque se cree mucho en la austeridad.

CE: Ahora bien ¿qué características tiene Grecia que a diferencia de otros países con altos niveles de endeudamiento la hayan hecho proclive a entrar en esta crisis?

DG: Grecia al igual que algunos de los países de la periferia de Europa,  es un país cuya estructura económica depende de un  sector de servicios y probablemente no tiene o ha  desmontado poco a poco, como gran parte del mundo, los sectores de industria, que son que generan mucho más encadenamientos, y por ende aumentan el nivel de empleo.

La particularidad en servicios de un en enfoque alto en el turismo y no tener una política industrial  como lo puede tener Alemania, es uno de los puntos. Aun así  la crisis griega no puede verse como un problema aislado de Grecia, sino como todo un problema de desbalances en la unión:  por un lado  Alemania con altos niveles de superávit mientras que otros países poseen exacerbados niveles de déficit, es un problema estructural que se ha acrecentado con la Eurozona dentro de la Unión Europea,  ya que, es un grave problema tener una política monetaria centralizada y tener una política fiscal descentralizada, creo yo que esos son los dos grandes problemas de Grecia.

CE: Por otro lado los análisis se han desarrollado, desde la Troika, abordando criterios técnicos y desde la política el análisis incluso podría profundizarse más. Haciendo referencia a los últimos 30 años del capitalismo ¿puede plantearse que  La crisis griega es producto de la financiarización?

DG: Definitivamente la crisis  de Grecia evidencia una dinámica fuerte de financiarización en las finanzas públicas, la financiarización se puede entender desde muchas perpectivas, en la dimensión productiva cuando una empresa genera más rendimientos vía inversiones financieras que por medio de sus actividad  principal; puede haber otra, en la manera en que  los hogares  suplen la caída de los salarios mediante  el endeudamiento, para mantener ritmos de consumo similares; pero hay otra dimensión de la  financiarización, que es la que nos atañe en esta conversación, que es la de las finanzas públicas.

Cómo las finanzas de un gobierno entran a ser  presionadas por actores financieros privados, este es un tema clave, que no siempre se analiza desde la perspectiva de la financiarización. Los últimos treinta años del capitalismo  han estado marcados por globalización en términos comerciales y financieros, por neoliberalismo y por ese  proceso que es subyacente a los dos anteriores que es la financiarización, es decir, como ese auge de las finanzas se toma todos  los aspectos de la vida inclusive las finanzas públicas, y como estas se ven sometidas a las presiones de los acreedores financieros.

CE: Puntualmente ¿cómo se hace explicita la financiarización de las finanzas públicas en el caso griego?

DG: Desde la política económica se establecen reglas fiscales muy puntuales para que por encima de todo siempre se  privilegie el pago del servicio de la deuda. Lo que vemos  en Grecia es claramente una crisis de financiarización en su dimensión  de las finanza públicas, donde  un país, que de una u otra manera, no tiene  la soberanía en la emisión se ve completamente coaccionado por la presión  de los acreedores,  que no están dispuestos a ceder ni a renegociar.

Incluso el FMI con todas sus orientaciones ortodoxas estaba dispuesto a renegociar  el tema  de la deuda, pero parece ser mucho más fuerte la influencia de las elites financieras, que son las mismas elites que están en el poder político, “poder financiero es poder político”, esto se puede ver con el ministro de finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble,  y  con las personas en el poder del Banco Central Europeo, en  la Comisión Europea que tienen estrechos lazos con  Goldman Sach y otros tipos de bancas  de inversión que están muy interesadas en el tema de la deuda en Grecia, por los niveles de rentabilidad.

CE: Luego de largos meses de resistencia y de un contundente resultado del referéndum en contra del paquete de austeridad, ¿Quién gana y quien pierde con este tercer memorando?

DG: Con  este acuerdo que se logra recientemente, se pierde un poco de poder político,  pero en términos pragmáticos son realistas para  decir no queremos que haya una crisis mucho más profunda, están firmando algo en lo que no están de acuerdo, lo mencionaba incluso Tsipras, pero hay una pérdida  de poder político, porque empiezan a notarse rupturas dentro de la izquierda, dentro de un movimiento que se había aglutinado alrededor del ´NO´.

Hay una pérdida  de fuerza política, dentro  de Grecia los neoliberales pueden estar mucho más contentos con este  tipo de acuerdos que le mantiene de alguna u otra forma  acceso a un mercado de capitales y sus privilegios.

Yo lo percibo no necesariamente como una derrota, pero si como la presión de los acreedores  en su máxima expresión. Ganan los  acreedores , gana Alemania,  creo que un proyecto político en diferentes latitudes de Europa empieza a percibir  las barreras a las que se tiene que enfrentar; es una situación compleja, por ejemplo la juventud griega queda  con un sinsabor, hay mucha decepción en términos de este tema,  no sé hasta qué punto sea justificable la respuesta pragmática de Tsipras o  si hubiera podido asumir la responsabilidad política de salir del Euro y tomar los planes  que Varoufakis le proponía, tomar lo bonos convertibles en Euros…

CE: ¿Qué pudo haber motivado a Tsipras a tomar esta controvertida decisión?

DG: El balance es complejo, el último mes en Grecia implica unos elementos políticos bastante complicados  de entender, Alexis Tsipras apuesta con el referéndum a tener el respaldo del pueblo, para ir mucho más fuerte a la negociación y tratar de ir a buscar algún  tipo de concesión con los acreedores, pero la apuesta le falló.

Su decisión política está influenciada  probablemente porque él no quiere ser recordado como el hombre que saco a Grecia de la Unión Europea,  él es consiente que salir de esta generaría un periodo en el corto plazo de profunda crisis y seguramente  él no está dispuesto afrontar esto

CE: Si bien en estos momentos el referéndum contempla la permanencia de Grecia en la Zona Euro, ¿qué consecuencias puede tener la salida de esta en un futuro inmediato?

DG: Una salida de Grecia puede abrir dos caminos, uno puede ser minar la Unión Europea, talvez, la expulsión de unos de sus miembros puede abrir la puerta para que otros gobiernos tomen el mismo camino. Dentro de ese posible escenario puede darse que un país que salga de la Zona Euro y empiece de cero, tenga un proyecto exitoso, y ese es en parte el miedo a que se desmorone esas ciertas verdades de  las políticas  de la disciplina fiscal y de la austeridad, creo que ese puede ser uno de los riesgos para la Troika, pero en el corto plazo el drama en términos humanitarios, de nivel de empleo de acceso a los bienes  básicos puede ser muy difícil y no sé  quién políticamente esté dispuesto asumir es costo.

No es solamente el tema de la salida de la Zona Euro, y del ‘Grexit’ como lo denominan, en el largo plazo podrían dar resultados éxitos las políticas alternativas, pero en el corto plazo los costos son sumamente altos, ese creo fue el miedo que a Tsipras le impidió  tomar una decisión mucho más radical, definitivamente el corto plazo con una salida de Grecia del Euro puede ser  igual o peor de dramático que las políticas de austeridad.

CE: ¿Puede decirse entonces que Tsipras no tenía alternativa?

DG: Tsipras se encuentra totalmente maniatado, porque si se continua  con medidas de austeridad probablemente vaya a llevar a la economía a mayores niveles de informalidad, pero va a seguir teniendo flujos de capital va a tener acceso a los servicios financieros, con una salida del Euro todo eso se bloquea  y en un corto plazo vienen tiempos muy difíciles.

Ahora la pregunta es quién está dispuesto a responsabilizarse por un corto plazo con tiempos muy difíciles, y empezar una  recuperación con otro modelo económico que no sea  de la mano de la austeridad,  decía Néstor Kishner en Argentina “hay vida después del FMI” y tienen  algunos experimentos interesantes que les han resultado y otras variables que han  tenido problemas, pero para Tsipras no era una apuesta fácil, he sido insistente en el tema pero las consecuencias en el corto plazo iban a ser difíciles, las consecuencias humanitarias de la salida del Euro.

CE: ¿Existían alternativas, dentro del realismo económico, por fuera de la Zona Euro?

DG: Las alternativas en el corto plazo son muy complejas,  porque implican un sacrificio fuerte,  sumir al país en una crisis mientras se reestablecian, se reconfiguraban, poderes, entre ellas alternativas de volver a la moneda anterior (Dracma), pero en términos prácticos y de momento, en un país como Grecia, donde con la austeridad el desempleo está en el orden del 50%, inmediatamente  después de la salida del Euro esto es mucho más complejo,  sin embargo no hay aun mucha claridad en términos del realismo económico de esas opciones, sobre todo por  el costo político.

De lo  que si estoy seguro es que una salida de Grecia de la Zona Euro generaría muchas dificultades al pueblo griego, dificultades de movilidad a las personas que están en la Zona Euro y pueden ir a trabajar a un país u otro, no conozco muchas más alternativas posibles dentro de un realismo económico

CE: Por otro lado ¿es factible pensar otras alternativas al tercer acuerdo sin salir de la Euro Zona, es decir, aún sin una política monetaria explicita y soberana?

DG: La posibilidad inicial fue la que planteo Varoufakis todos estos meses,  de renegociar la deuda de  verificar que deuda es legítima y cuál no, y de  tratar de llegar a un acuerdo, porque el gran debate de Varoufakis es que en una negociación siempre las dos partes  deben estar dispuestas a ceder, sin embargo  Grecia iba cediendo pero la Troika nunca estuvo dispuesta a ceder absolutamente nada.

Un tipo como Varoufakis que  políticamente está en la izquierda, que ha sido  muy crítico, y eso se puede leer en sus textos,  estaba dispuesto a ceder en una reforma pensional… a ceder en algunos puntos, pero no en todo; empero la negociación con los acreedores, con la Troika,  fue muy fuerte, no estuvieron dispuestos a ceder ningún punto, entonces, desde el punto de vista de Varoufakis sin una renegociación no hay alternativa.

No hay certeza si bajo una negociación más flexible se hubiese logrado construir una alternativa, porque bajo este tercer acuerdo se vuelve a las políticas de hace cinco años y solo  en un par de años sabremos si recuperaron a Grecia, o lo más grave aún, puede que los indicadores macroeconómicos se recuperen, pero  el drama social que dejan es muy complejo en términos de formalidad, en términos de desprotección social, creo que es mucho más complejo, no sé  si haya más alternativa.

CE: Si el plan no es sostenible tanto en términos económicos como sociales ¿es factible que Grecia entre en default y Tsipras sea el de la Rúa europeo?

DG: Si Grecia ya está  en este acuerdo, con el gobierno de Syriza, si es que se logra  mantener con una unidad requebrajada, con las sanciones, que  titulan que Syriza expulso a los rebeldes de su gobierno, pero en la actitud  nueva de Tsipras es posible que se pueda aceptar un cuarto rescate, y por qué no, si en el momento más crítico cuando  a través de un referendo el país dice que no, y la presión de los acreedores hace  que el primer ministro se burle en la cara de la democracia, no vería porque no  pueda haber un cuarto paquete de rescate que permita seguir en la dinámica del ‘rollover’ y de deuda para pagar más deuda y mantener ese juego por unos años  más.

Dentro de esa lógica no vería un default mucho más pronto, a no ser que un nuevo paquete de reformas genere un movimiento social muy fuerte, incluso dentro del mismo Syriza, algunos de los que votaron si  al rescate ante un movimiento social fuerte se radicalicen y digan que no , pero  como están las circunstancias en este momento yo diría que por lo pronto  no es tan visible, porque si aceptaron este plan, y ya algunos titulares dicen que ‘Grecia ya no está en Default’ y si viene un nuevo plan de rescate.

Ya no va ser momento para que haya mucha efervescencia,  para que haya un movimiento social mucho más fuerte, lo vimos con el ‘No’, lo vimos algunos días después de la adaptación del nuevo paquete de medidas con protestas en algunas zonas, pero no  se dio manera masiva y fuerte en Grecia,  diría que en un periodo menor a un año Grecia no se va a declarar en Default, creo que estarían dispuestos aceptar un nuevo rescate, sea con este gobierno de izquierda o con  uno más a la derecha, a no ser que las medidas sean  mucho más agresivas, en términos de elevar mucho más la edad de pensión, del nivel  de privatizaciones y del ajuste , creo que eso podría alterar los ánimos y probablemente puedan alterar las cosas, pero si con una coalición de izquierda  pasó lo que pasó, estamos en el debate de qué tan fuerte  es la  posición de los acreedores financieros, que incluso acorraló a un  gobierno de izquierda en una forma tan fuerte.

CE: Se ha especulado bastante incluso algunos críticos de la decisión de Tsipras conminaron a Grecia a seguir los pasos de Argentina ¿es posible una comparación entre los dos?

DG: En términos  globales hay un elemento comparable y es el miedo al default, a que  el país pierda su calificación, a que el país sea excluido de los mercados financieros internacionales. En términos de ese análisis puede haber puntos comunes, en términos de que Argentina entra en Default desafía a las instituciones multilaterales, pero años después logran una renegociación con el 94% de los acreedores,  ahí toma sentido el tema del después del FMI;  pero pensar esto para Grecia en los mismos términos es complejo, porque Argentina tiene una infraestructura industrial mucho más fuerte, es un país mucho más grande, con un recurso importante como la soja que los levanto en estos años y les permitió tener ciertos niveles de renegociación; cosa que en el caso de Grecia no es similar,  no  veo  una fuente principal en su PIB de materias primas que les permita generar ese dinamismo.

La posibilidad de devaluar en Argentina les permitió  facilitar mucho más las cosas, situación que Grecia no puede replicar,  entonces las condiciones macroeconómicas son  diferentes, y creo que Argentina estaba en una posición mucho más privilegiada, ya que el hecho de no tener un banco central, de no poder devaluar, eso genera muchas dificultades en términos de decisiones, ipso facto,  en esos puntos del detalle hacen que no sean situaciones muy comparables, más un país  que está dentro de una unión monetaria pero su política fiscal no es centralizada.

En el debate es pertinente observar a Estados Unidos, desde el Gobierno Central le pueden dar un rescate a uno de sus  estados, por la organización federal, si la Unión Europea se hubiese consolidado como una confederación, sería otra la historia, y es el lujo que tiene Estados Unidos, pero  el caso de Grecia al compararlo con Argentina tiene muchas diferencias, habrán puntos en comunes en  términos del debate político del  entrar en default, se pueden tomar elementos, pero sería ya para una Grecia por fuera del Euro,  creo que dentro de la eurozona no habrán muchos caminos en común para tomar.

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*Magister en Ciencias Económicas, profesor universitario y Candidato a Doctor en Economía de la Universidad Nacional de Colombia.



    

lunes, 13 de julio de 2015

LAS ZONAS DE INTERÉS DE DESARROLLO RURAL, ECONÓMICO Y SOCIAL (ZIDRES). UNA MIRADA CRÍTICA A LA LUZ DE LA DISPUTA DISTRIBUTIVA*

                                                                                                           Tatiana Andrea Lote Rayo°

     El pasado 16 de abril fue radicado por el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el proyecto de Ley 223 que busca la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), cuya definición se establece en el Artículo 1 del proyecto así:
« […] zonas especiales de aptitud agropecuaria, ubicadas en el territorio nacional, aisladas de los centros urbanos más significativos, que demandan elevados costos de adaptación productiva. Tienen baja densidad poblacional y altos índices de pobreza, carecen de infraestructura mínima para el transporte y comercialización de los productos y, por sus características agrológicas y climáticas, resultan inapropiadas para desarrollar unidades de producción familiar que fomenten proyectos productivos que beneficien a los trabajadores agrarios sin tierra y que promueva la inversión de capital en el agro».
Cuenca alta del río Menegua. Altillanura disectada. Municipio de Puerto López (Meta). Cortesía: IDEAM e IGAC 2010. Tomado de https://www.siac.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=1119&catID=745 
     No es la primera vez que el Gobierno Nacional plantea esta iniciativa; el año pasado presentó el proyecto de Ley 133 de 2014 que tuvo que retirar del Congreso por la férrea oposición que ejercieron las comunidades y organizaciones campesinas y por la existencia de vicios en su trámite. Aunque los ponentes del proyecto efectuaron algunas modificaciones, la esencia o el espíritu de la iniciativa se mantiene en la versión presentada en abril de este año: crear zonas "competitivas" en la Altillanura colombiana, en las que se instaure el modelo agroindustrial en gran escala, articulando de forma subordinada a los campesinos a través de proyectos asociativos. 
     Así las cosas, en la primera parte de este artículo se busca controvertir dos premisas sobre las que se fundamenta el proyecto: la baja densidad poblacional de la Altillanura y la inexorable aplicación de paquetes tecnológicos intensivos en capital para superar la baja fertilidad de la tierra. En la segunda parte se construye una crítica a los proyectos asociativos como mecanismos a través de los cuales se articula de forma subordinada a los campesinos y se les despoja de la mayor parte del valor que producen. En la tercera y última parte se realiza una reflexión sobre la importancia de esta discusión en la coyuntura del proceso de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC.

CONTROVIRTIENDO HIPÓTESIS  
     El representante a la Cámara Ángel María Gaitán, integrante de la Comisión Quinta y ponente del proyecto, asegura[1] que el 90% de las tierras objeto de éste se encuentran en la Altillanura[2] debido a que, en concordancia con la definición de las ZIDRES, en esta región “no hay campesinos” y la baja calidad de las tierras demanda la inversión de grandes montos de capital para hacerlas productivas. Así las cosas, tanto en la definición consignada en el proyecto, como en la declaración del representante Gaitán, se observa que la propuesta está fundamentada en dos premisas, que aquí se pretende controvertir: 1. En la Altillanura hay muy baja presencia de población; y 2. Las tierras de la Altillanura, para ser productivas, requieren de la implementación de un complejo paquete tecnológico, altamente intensivo en capital.
     Respecto a la baja densidad demográfica de la Altillanura, es preciso destacar que el proyecto ignora, quizá deliberadamente, la historia de poblamiento de esta región, en la que han sido centrales las sucesivas oleadas de colonización espontánea, protagonizadas por campesinos y campesinas que han establecido sus fundos en contra de los adversos factores naturales –como las condiciones climáticas y de los suelos– y políticos –como la histórica ausencia de inversión pública del Estado–; fruto de este proceso de colonización se han configurado una serie de dinámicas productivas y culturales propias de la región –como la preponderancia y el significado de la actividad ganadera–, que los proponentes del proyecto no consideran. De esta manera, la baja densidad poblacional de esta región no puede ser leída en términos absolutos, pues con ello se niega la existencia de comunidades indígenas[3] y campesinas asentadas históricamente en esta región, que han construido relaciones particulares con la naturaleza dando lugar a determinados usos de la tierra, a formas concretas de organización del espacio y a relaciones sociales y culturales propias. 
     La segunda premisa, por su parte, se basa en que los suelos de la Altillanura presentan baja fertilidad debido, entre otros factores, a los elevados niveles de acidez, a los bajos contenidos de materia orgánica y a la fuerte temporada de sequía que tiene lugar entre diciembre y marzo. Dadas estas condiciones, según los promotores del proyecto, las tierras de la Altillanura sólo pueden ser productivas si se hace uso de un paquete tecnológico intensivo en capital, con lo que la economía campesina en la Altillanura queda inviabilizada. Sin embargo, una investigación realizada por la Universidad Javeriana y la Universidad de los Llanos[4] demuestra, con base en el estudio de diez fincas familiares, que en la Altillanura los campesinos pueden producir de manera diversificada, e incluso conservando bosques, con tecnologías intensivas en trabajo –ya que ocho de las diez familias implementan técnicas agroecológicas de producción–. Así, se concluye que es falsa la premisa de la inexorabilidad del uso de tecnologías intensivas en capital para hacer productivas las tierras de la Altillanura, sobre la cual se sustenta todo un modelo de producción agroindustrial a gran escala para esta región.
     Ahora bien, con base en estas dos premisas –cuya consistencia hemos cuestionado aquí– se plantea en el proyecto de ley que en la Altillanura el tamaño óptimo de la explotación es el que maximice la productividad de la mano de obra, que es el recurso escaso, mediante un paquete tecnológico que ahorre trabajo; se trata sin duda de un modelo de producción en gran escala, con tecnología intensiva en capital, que resuelva los problemas de fertilidad de la tierra, que maximice el producto por trabajador y que permita reducir los costos unitarios de producción a medida que aumenta el tamaño de la explotación, lo que coincide perfectamente con la estructura de costos de productos como el maíz, la soya, la palma y los maderables. Así pues, a partir de planteamientos poco consistentes, se propone para la Altillanura el modelo agroindustrial como el más óptimo, por lo que cabe preguntarse ¿para quién es el más óptimo, es decir, a quién beneficia en términos de distribución de la riqueza allí generada?

LA DISPUTA DISTRIBUTIVA
     La respuesta a estos cuestionamientos se halla en la forma en que pretende ser implementado el modelo agroindustrial: la creación de zonas especiales (ZIDRES) para el fomento de proyectos productivos asociativos que “beneficien” a los trabajadores agrarios[5] y promuevan la inversión de capital por parte de los empresarios. Así, el proyecto de ley busca articular a los campesinos a una cadena productiva que, ya sea en calidad de trabajadores o de arrendadores de sus tierras, no sólo les representa menores ingresos que los que obtendrían trabajando su tierra de manera independiente[6], sino que además les implica pérdida de control sobre el proceso productivo (por ejemplo, sobre las semillas y la tecnología empleada) y en muchas ocasiones acceso forzado a créditos (por las condiciones del proyecto), vías por las cuales son despojados del valor que producen. Además, esta articulación supone altos niveles de especialización de las fincas y de monetización de los campesinos, con lo que pierden la capacidad de superar crisis climáticas y económicas que sólo brinda la diversificación.
     Así entonces, los proyectos asociativos articulan a los campesinos a las vías de despojo, al facilitarles el acceso a ciertas líneas de crédito, a insumos químicos y a tecnologías intensivas en capital y, paradójicamente, a la tierra -Sí, bajo estos proyectos asociativos, el campesino puede acceder a la tierra-. En el Artículo 10 del proyecto de ley se establece que los proyectos asociativos que vinculen trabajadores agrarios sin tierra deberán establecer un mecanismo que permita que, antes de los tres (3) primeros años de iniciado el proyecto, estos se hagan propietarios de un porcentaje de la tierra; sin embargo, en el contrato de asociatividad se establecerá una cláusula resolutoria de permanencia en el proyecto hasta la finalización del ciclo del mismo.
     Con esto todo es más claro. El empresario no entra a disputar la titularidad de la tierra con el campesino. Aquí la propiedad de la tierra en manos del campesino se vuelve un mecanismo a través del cual el empresario asegura su articulación subordinada. Lo que realmente importa es la sujeción de la mano de obra del campesino bajo las condiciones establecidas por el empresario. En consecuencia, la propiedad de la tierra es una condición necesaria pero no suficiente para que el campesino se apropie de la mayor parte del valor que produce; para no ser despojado, requiere además del control sobre su territorio –que pasa por el control sobre lo que allí se produce, sobre la tecnología con que se produce, y sobre el destino de la producción–.
     Adicionalmente los empresarios no sólo ganan a través de la articulación subordinada de los campesinos; el Artículo 5 del proyecto de ley establece que los proyectos que integren como asociados al pequeño o al mediano productor y/o garanticen que los trabajadores agrarios adquieran determinado porcentaje sobre la propiedad de la tierra, resultarán beneficiarios de la política de incentivos o estímulos, con lo que el empresario gana además vía apropiación de subsidios estatales. En síntesis, los proyectos asociativos son el mecanismo que configura la distribución en favor de los empresarios y en detrimento de los campesinos.

REESCRIBIENDO NUESTRA HISTORIA
     El debate alrededor del proyecto de Ley 223 de 2015, que busca crear las ZIDRES, adquiere hoy gran importancia en medio del proceso de paz entre la insurgencia de las FARC y el Estado colombiano. Ello debido a que la indefinición de límites entre la propiedad particular y los baldíos de la nación fue un factor detonante de los conflictos agrarios de la década de 1930 y de la violencia que se desató posteriormente, y la creación de estas zonas especiales (ZIDRES) afecta hoy indudablemente el tema de los baldíos de la nación –como se evidencia en los artículos 7 y 8 del proyecto[7]– en una región que constituye la última gran frontera agraria del país, y en la que el Estado no cuenta con información clara sobre cuántas hectáreas tiene en baldíos y dónde están ubicados.
     Así, pasando por alto estos vacíos de información –como históricamente ha sucedido–, el proyecto de ley pretende adjudicar al gran capital los baldíos de la nación en la región de la Altillanura, aun cuando es mandato constitucional la entrega de tierras baldías a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente para trabajar; en este sentido, ¿por qué no promover el desarrollo empresarial en las millones de hectáreas de tierras ya incorporadas a la frontera agraria que se encuentran ociosas o subutilizadas? Además de esto, el proyecto busca crear una figura que ya está contemplada en la Ley 160 de 1994 –que son las Zonas de Desarrollo Empresarial–, por lo que cabe preguntarse ¿cuál es el afán o la necesidad de crear una nueva figura para el desenvolvimiento de proyectos empresariales?; ¿por qué el capital está demandando una nueva figura, en un contexto en el que es factible la firma de un acuerdo de paz?
     Con esto, frente al tema de la Altillanura, nos encontramos ante la posibilidad de reescribir nuestra historia: o repetimos los errores que dieron lugar a los conflictivos procesos de colonización de baldíos o apertura de la frontera agraria, o pensamos un ordenamiento territorial para la Altillanura que reconozca, permita y garantice la existencia de la economía campesina, con toda su diversidad, sus tecnologías, su cultura… su autonomía.



* Artículo terminado el 28 de mayo de 2015. Contiene algunas de las discusiones y reflexiones realizadas por el “Laboratorio Economía, Espacio y Poder”, proyecto inter-facultades de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, liderado por los profesores William Chavarro Rojas y Darío Indalecio Restrepo Botero.
° Miembro del Colectivo de Economía. Economista, Estudiante de la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Correo electrónico: taloter@gmail.com


[1] Declaraciones realizadas por el representante Gaitán, en Foro sobre el proyecto de Ley 223 de 2015, realizado en la Universidad del Rosario el día 26 de mayo de 2015.
[2] Esta región comprende los departamentos de Meta y Vichada.
[3] El proyecto desconoce, además, la existencia de comunidades indígenas, cuyas solicitudes de creación y ampliación de resguardos aún no han sido atendidas.
[4] La investigación se titula «La viabilidad de la agricultura familiar en la Altillanura colombiana», fue dirigida por el profesor Jaime Forero y lanzada por Oxfam el día 27 de mayo de 2015.
[5] Aquí cabe resaltar que en el proyecto de ley nunca se habla de campesinos, sino de trabajadores agrarios.
[6] Según la investigación de la Universidad Javeriana y la Unillanos, anteriormente referenciada, «los ingresos por hectárea [en los casos estudiados] superan ampliamente (por encima de 3,7 veces) la alternativa de arrendamiento de tierras que proponen los agroindustriales de la zona para cultivar especialmente soya y maíz» (“Agricultura familiar sí es posible”, Mayo 27 de 2015. El Espectador. Tomado el día 28 de mayo de 2015 desde: http://www.elespectador.com/noticias/economia/agricultura-familiar-si-posible-articulo-563068)
[7] El Artículo 7 establece que, para la ejecución de los proyectos productivos se podrá solicitar al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), o quien haga sus veces, la entrega en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio, de baldíos ubicados en las ZIDRES.


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
“Agricultura familiar sí es posible”, Mayo 27 de 2015. El Espectador. Tomado el día 28 de mayo de 2015, desde: http://www.elespectador.com/noticias/economia/agricultura-familiar-si-posible-articulo-563068
Foro “Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES)”, Mayo 26 de 2015, Universidad del Rosario, sede Claustro.
Proyecto de Ley 223 de 2015. Tomado el día 26 de mayo de 2015, desde: http://www.observatoriodetierras.org/wp-content/uploads/2015/04/PROYECTO-DE-LEY-223-DE-2015-C%C3%81MARA.pdf

martes, 2 de junio de 2015

EL PARO DE FECODE ¿SÍNTOMA DE LA MISMA ENFERMEDAD?



Daniel Rojas Cuchigay*


Los sucesos y reflexiones que surgen en torno a un paro de maestros no dejan de evidenciar lo importante que es este sector para la sociedad; pues se trata, nada más y nada menos que del gremio de personas que se encargan de la educación de las sucesivas y cambiantes generaciones de ésta. Su papel es primario en el proceso de aprendizaje de los estudiantes; proceso en el cual se transmiten no solo conocimientos científicos y sociales, sino también de ciudadanía, entre otros que resultan elementales para la buena interacción individuo-sociedad.
           El paro de maestros del sector público, del cual fue testigo el país hace menos de un mes, radica su importancia en que afecta a casi nueve millones de niños de todo el territorio nacional, de cuya educación depende en gran medida las condiciones sociales y económicas a las que se enfrentarán en las próximas décadas. La inconformidad de los maestros pudo haberse debido a múltiples factores, no obstante, el ente encargado de darles el salario y brindarles las condiciones laborales de los mismos, el Estado,  es al que se le debe gran parte de la culpa.
            Este Estado, cuyo Gobierno propugna la doctrina neoliberal en sus decisiones de política económica, no es más que el resultado de muchos años de transformaciones sucesivas y graduales; transformaciones que comenzaron a partir de los años 60’s. En estos años se comenzó una etapa de descentralización del poder central[1], con una pequeña interrupción en los años 70, pero que luego igual continuó, además, afianzada, por la constituyente de 1991.
            En las pretensiones de las políticas neoliberales se establece que debe haber una reducida participación  del gobierno en la economía; se reduce, así mismo, la concepción de actividad económica a todo aquello que se transe en el mercado, y de esta manera, se deriva la conclusión de que toda actividad económica en la que haya oferta y demanda, tiene que ser regulada única y exclusivamente por éste, sin intervención o regulación alguna por ninguna entidad.
            Es ya bien sabido, por diversas investigaciones que se han hecho en diversos campos de estudio de la economía, como el crecimiento económico, la desigualdad y la transición social, que la educación es un elemento fundamental en todos estos fenómenos, y por ello, no se puede escatimar sobre su importancia y la forma en que cómo ésta se implementará en la sociedad.
No obstante, en el actual Gobierno, y acorde con estas políticas neoliberales ya mencionadas, se pretende que el brazo público de la educación, pase, con el tiempo, a ser privado. Por ello se han emprendido unas reformas las cuales, gradualmente han desentendido al Estado de varias de sus responsabilidades en este sector. Como por ejemplo, la seguridad social de los maestros, entre otros problemas que quedaron bien expuestos en el pliego de peticiones que éstos hicieron.
Lejos de simplemente pedir aumento salarial, los maestros, organizados en el sindicato FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), pedían mejoras en otros aspectos económicos, de prestaciones sociales, de salud, de bienestar, de carrera docente, (diferentes incentivos como asensos),  e incluso cambios en la política educativa a nivel gubernamental.
            Pero lamentablemente, la discusión que se dio en torno a este pliego, pasó por alto la gran mayoría de las peticiones y con un aumento general en el salario del 12%, el gobierno logró que FECODE levantara el paro y siguiera negociando el resto de las peticiones con la desventaja obvia de no poder recurrir a ese mecanismo para hacerle presión política.
 Tal aumento fue una solución positiva, si es que lo único que se busca es un aumento de sueldo para los profesores, sin embargo, lo que en estos momentos ha quedado del pliego de peticiones esperando a una solución es algo mucho más fundamental e importante para la educación colombiana como tal.
Los resultados de la negociación parcial fueron, en rasgos generales, los siguientes:

·         En lo que respecta a la petición de ‘Carrera Docente’: un estímulo económico a profesores con una antigüedad mayor a los 20 años, del 10% a partir de 2016, y de 15% a partir de 2017.[2]

·         Un aumento general del sueldo del 12%.

·         La estipulación de nuevos métodos para implementar los asensos de los docentes, el cual ahora tendrá la oportunidad de ser evaluado por un ‘par académico’ y en caso de no pasar el examen requerido para el ascenso, podrá cursar un curso en alguna universidad (que falta por definir), para así lograr ser ascendido.

De este modo, se dejaron por fuera y hasta el momento no se ha avanzado mucho en su discusión, los puntos de bienestar, prestacional y salud, y política educativa. Esta última, tratada desde la perspectiva de los profesores, es imprescindible, pues de ella depende la forma en como se impartirá la enseñanza. No es claro hasta el momento si las negociaciones vayan a ser ventajosas para las propuestas de los profesores. La discusión se restringió sobre todo al tema salarial; aquí el Gobierno cedió solo 2% más allá de sus propuesta inicial (de 10% que al principio puso como monto a negociar en la mesa, se terminó acordando un 12%).
Hay que recordar que el Gobierno accedió a esto luego de que la ministra de educación, Gina Parody, hubiera amenazado con hacer descuento del salario a los trabajadores implicados y no negociar mientras hubiera paro. De lo anterior, podría surgir la pregunta: los profesores, siendo parte esencial de la educación, ¿qué tanta relevancia tienen en el planteamiento de políticas públicas de educación por parte del Gobierno?
En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND), el gobierno plantea, a partir de unos objetivos, las políticas que implementará encaminadas a la situación de los profesores:”…uno de los principales determinantes de los procesos de aprendizaje y del desempeño de los estudiantes es el nivel y la calidad de la formación docente y las prácticas pedagógicas empleadas en el aula. Por esta razón, adicional a los esfuerzos realizados por mejorar la calidad de la educación en el cuatrienio pasado con la implementación del Programa Todos a Aprender, se establece la excelencia docente como línea estratégica para la actual política educativa.
Este enfoque sistémico implica adelantar iniciativas que cubran toda la ruta de la docencia, así: i) Atracción […]; ii) Formación previa al servicio […]; iii) Admisión […]; iv)Inducción […]; v) Formación en servicio (otorgamiento de becas para programas de pregrado a docentes ya nombrados, esquemas y programas de formación docente virtuales y fortalecimiento de las estrategias de formación situada; vi) Ascenso y reubicación (optimización del proceso requerido para que los docentes del Estatuto 1278 puedan ascender y reubicarse dentro del escalafón; y vii) retiro (búsqueda de estrategias diferenciadas para aquellos que estén interesados en retiros voluntarios anticipados). Adicionalmente, se buscará una mejora en el salario de vinculación de los docentes y una nivelación con las profesionales con alta remuneración.”[3]

            Como se ve, el Plan, en lo que respecta a profesores, básicamente va dirigido a la cualificación de los maestros, una nivelación salarial, y un mecanismo diferente de ascenso. Precisamente estos últimos puntos, fueron abordados en el pliego de peticiones de FECODE. Sin embargo, y queda para la reflexión, las políticas, como acabamos de ver en el primero, están vagamente planteadas, revelando una ignorancia o indiferencia por parte del Gobierno ante este tema; cosa que probablemente, y como ha pasado, se refleje en una regular o mala ejecución de estas propuestas. En otros puntos del Plan (como políticas para fomentar la minería, o la implementación de la paz), la ejecución es tratada con mayor detalle, quizá porque dichas políticas son insignia de éste, y por lo tanto, sí tendrán una excelente ejecución.

            Retomando la pregunta: los profesores, siendo parte esencial de la educación ¿qué tanta relevancia tienen en el planteamiento de políticas públicas de educación por parte del Gobierno?; en el plan se evidencia que las políticas no se encaminaron al mejoramiento de la educación con la perspectiva de que es un elemento del desarrollo, de la movilidad social, u otros.

 Actualmente, y como es bien sabido, el Gobierno está haciendo negociaciones para ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico); estas políticas se ven más encaminadas a mejorar ciertos índices (como No. De horas en clase, cualificación docente, No. De programas extracurriculares, entre otros) que son requisito para entrar a dicha organización[4].

            Los motivos políticos para que el Gobierno quiera llevar a Colombia a la OCDE, no están al alcance de este artículo, no obstante, cabe resaltar que, muy de la mano de la creciente adopción de políticas neoliberales por parte del Gobierno, se encuentra la inserción de un país subdesarrollado como el nuestro, al área de influencia política y económica de potencias mundiales, como lo son los miembros actuales de esa organización.

            Pero, independientemente del trasfondo, la posible validez y efectividad de las políticas que se piensan implementar como garantes del mejoramiento de la enseñanza, también queda en entre dicho. Si miramos el estudio realizado por el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL)[5], el aumento salario de los profesores no es un determinante de la calidad de la enseñanza, ya que no se encontraron relaciones visibles entre las dos variables, luego de dos estudios hechos en varios países de Latinoamérica. No obstante, en instituciones educativas privadas, donde generalmente los resultados muestran que la calidad de la enseñanza es mejor, los profesores, aunque mejor pagados, no manifestaron que gracias a este factor, ellos se sintieran más a gusto en su trabajo, sino que se lo debían a mejores condiciones laborales (mejores prestaciones sociales y de salud, mayor estabilidad laboral, etc).

            Si seguimos la idea anterior, las políticas de mejoramiento de la educación que toquen el ámbito docente, deberían enfocarse en este factor: Unas mejores condiciones laborales, de salud, sociales, entre otros, que precisamente se ven reflejadas como peticiones en el pliego de FECODE, más no en los proyectos del PND, y así mismo tampoco en los resultados parciales de la negociación que dio fin al paro; que a fin de cuentas, resulta ser       otro síntoma más de la misma enfermedad que ha afectado a diversos sectores sociales de Colombia como la Salud, las Pensiones, etc., por un lado; y diversos sectores de la economía, como la agricultura, la minería o la industria por el otro; así como también el medio ambiente: Una deficiente labor del Gobierno Central a la hora de solucionar estos problemas y conflictos. Y en tanto que no resuelva esos conflictos, los paros, huelgas, y otras formas de lucha social, seguirán ocurriendo una y otra vez, mostrando la crisis en que esta enfermedad ha sumido al país.





[1] Castro, B., (2009) La sociedad colombiana, cifras y tendencias. Santiago de Cali: Programa editorial de la Universidad del Valle, p. 281
[2] Debates económicos. Presentación: Camilo Rodríguez y Kenneth Jamieson. UN Radio, 2015.
[3] Departamento Nacional de Planeación (2014) Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. p. 76. Disponible en:
[4] Tenjo, Y., Rojas, D., Educación en el PND: Mono vestido de seda. [En línea]. Colectivo de Economía. Universidad Nacional de Colombia. 2015. [Fecha de consulta: 21 Mayo 2015]. Disponible en:
[5] De Moura, C. & Loschpe, G. (2007) PREAL La remuneración de los maestros en América Latina: ¿Es baja? ¿Afecta la calidad de la enseñanza? (37), 5-19