En Colombia hoy se vive un conflicto
social y armado que lleva más de 50 años,
cuya principal causa es la inequidad , debido a la concentración de la riqueza en manos de
un porcentaje muy pequeño de la población. Asumiendo que la educación es una
posible ruta de solución a este problema, pues garantiza la posibilidad de
mejores empleos, además de la
contribución de hombres y mujeres que propendan por soluciones democráticas a
los conflictos, es necesario cuestionarnos sobre la mejor forma para brindar
está, allí se ubica el interrogante
¿subsidio a la oferta ó a la demanda?¿qué garantizara una mejor distribución de
la riqueza y un progreso frente a los
problemas de inequidad?[1].
La inversión en educación por medio
del subsidio a la demanda es la apuesta
que en este momento se le plantea al país como forma de aumentar la cobertura y
la calidad de la educación superior, plasmado esto en el proyecto de ley 112 de 2011 por el cual se organiza el sistema
de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la
educación superior, el problema aquí es que si bien el artículo 67 de la
constitución política de Colombia dice que:
“La
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”.
La comunidad universitaria pelea hoy
por un derecho, que se vislumbra para convertirse en un servicio público. En
este orden de ideas lo que se plantea como una solución, se percibe mas como
una arremetida contra los derechos sociales y económicos de la nación, pues
esto que muchos dejan de llamar por su nombre es una política neoliberal porque a diferencia de los liberales clásicos que
propugnaban por que el Estado debía garantizar ciertos derechos a los
ciudadanos que el mercado no podría brindar por su cuenta (educación, gasto en
defensa, aparato judicial),esta política lo busca es que, el Estado se desentienda
de algunas responsabilidades para que sea el mercado de manera “eficiente”
quien le asigne a cada ciudadano el bien o servicio, por lo tanto la idea de
aumentar la inversión por medio del subsidio a la demanda no es otra cosa que
la privatización de la educación, puesto que “El crédito educativo es una de
estas modalidades de privatización de la financiación del nivel superior. Esta
modalidad es respaldada por el Banco Mundial con el argumento de la incapacidad
del Estado colombiano para ampliar la cobertura de educación
pública” (Crédito
educativo, acciones afirmativas y equidad social en la educación superior en
Colombia, 2009, pág. 107)
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Fuente:
el autor con datos del SNIES
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Empero algunos
estudios como los del CID revelan que:
El crédito
educativo subsidiado y focalizado a estudiantes de los estratos socioeconómicos
más bajos ha sido propuesto como una política social de acceso con equidad a la
educación superior (Programa ACCES)”. “Este análisis revela que en lugar de
invertir en la expansión de oportunidades de educación superior pública de
calidad, para estos sectores socioeconómicos, a éstos se les traslada la
financiación de su educación superior, principalmente en instituciones privadas,
mediante el endeudamiento privado. Esto configura una situación de extrema
inequidad: los jóvenes pobres, generalmente con formación previa de baja
calidad, no pueden competir por los escasos cupos en las instituciones
públicas, y se ven entonces obligados a endeudarse para poder comprar educación
privada (Celis Giraldo & Gómez Campo, 2009, pág. 106).
Esto es un
golpe certero al subsidio a la demanda, pues, lo que se presume como una
política para contribuir al mejoramiento de la equidad termina ejecutando
resultados totalmente contrarios, primero, porque los crédito no se le brindan
a los más pobres como lo afirma Jorge Iván Bula “Ha habido un esfuerzo por
democratizar el crédito pero a pesar de esto, de acuerdo a datos que arrojó una
serie de preguntas hecha a los 3 grupos del estudio, queda expuesto que el
crédito se está concentrando en estratos 3 y 4 y no en estratos 1 y 2, donde
debería haber más cobertura” (Agencia de
noticias UN)
y segundo porque existe una asimetría de información –por lo menos en la
educación que ofrecen las IES privadas[2]- a tal punto que “un estudio del CID revela que el crédito de
Acceso con Calidad para la Educación Superior (Acces) –otorgado por el Icetex–”
independiente de los estratos se “destina en su mayoría a estudiantes que
terminan por ingresar a instituciones que no ofrecen altos estándares de
calidad” (Celis Giraldo
& Gómez Campo, 2009).
Teniendo
en cuenta lo anteriormente mencionado hay que ser muy precavidos pues como lo plantearía
George A. Akerlof; “El mercado de
'limones': incertidumbre en la calidad y el mecanismo de mercado” en la década
de 70 del pasado siglo, el hecho de que exista asimetría de información como
una falla de mercado así sea en un pequeño grado tiene graves repercusiones,
que para el caso educativo se aplica de la siguiente forma: si existe una
asimetría de información entre oferentes de educación superior y personas con
crédito dispuestos a ingresar a esta, considerando de por sí que los cupos
ofertados por las IES públicas son
limitados, la mayor parte de la población dispuesta a estudiar tendrá
que elegir entre las IES privadas , por lo que la asimetría de la información
tendrá su mayor efecto allí donde las IES cuyo presupuesto se invierta en un
mayor porcentaje para publicidad que en planta docente, como es el caso de
universidades de calidad poco fiable, por lo que en el momento de elegir entre
una u otra IES jugara un papel muy
importante tanto la publicidad como la diferencia de precios(desinformación),
es por esto que en el afán de aumentar la cobertura, se pone en peligro la
educación de excelencia académica y por supuesto la calidad(regida esta por
estándares mundiales).
En este
orden aumentar el subsidio a la demanda que es una política que no garantiza
solucionar el problema de la inequidad no puede ser el camino, pues si bien las
cifras de cobertura se pueden inflar y el país estaría cumpliendo en cuanto a
las estadísticas, el avance de la educación debe evaluarse en la medida que
aporte a la solución de los problemas reales, porque si bien hay unas
contradicciones entre el nivel de demanda y el nivel de oferta de educación
superior, el problema dialéctico se supera pero no en el sentido hegeliano como
un progreso, sino mas bien es un retroceso pues el hecho de acceder a una
educación superior de muy deplorable calidad no garantiza empleo ni avances en la construcción de una
nación democrática con equidad.
El crédito educativo como control social
La
financiación de la educación superior por medio de los créditos obedece a un
modelo que como lo diría el profesor Cesar Giraldo “ha sido derrotado en lo
económico; pero no lo ha sido en lo ideológico”, y que pretende desligar al Estado
de su responsabilidad no solo con la educación sino con otros derechos, hay que
hacer una precisión y es que estos derechos y en particular la educación, no
son cosas regaladas, decir esto es una falacia, puesto que el estado se
financia con la tributación de todos los contribuyentes y está en la obligación
de garantizar estos derechos. Empero el problema de Colombia no es un déficit
fiscal por gasto, sino por la larga lista de exenciones y a la poca efectividad
a la hora de recaudar los impuestos, por lo que aquí queda planteada una
sugerencia… para subsidiar la oferta[3].
El
crédito educativo, como el crédito a la
vivienda o el implantado en salud por la ley 100 de 1993 responde a:
La lógica financiera” que “expresa un poder real y concreto sobre la
sociedad. Las acreencias financieras expresan derechos de
propiedad y derechos de renta sobre el producto social. Siguiendo a Lo Vuolo
“Este poder surge de la capacidad del capital financiero para transformar el
dinero en deuda, la deuda en propiedad y la propiedad en influencia sobre las
relaciones sociales que estructuran la sociedad” (2001: 34). Por esto el poder
financiero se transforma en un poder social y político (Giraldo, 2003)
En tal
sentido el derecho se transforma poco a poco en una mercancía que a pesar de
que no se pueda vender libremente, paulatinamente con las medidas que buscan
aplicar el subsidio a la demanda, se va ganando terreno en la medida de que,
“En vez de que el sistema económico estuviera incorporado en las relaciones
sociales, son éstas las que terminaran incorporadas al sistema económico” (Giraldo, 2003) por lo tanto el mercado
es el encargado de suministrarlo.
“Estudiar
5 años y endeudarse 15” es una consigna que hoy pinta los rostros de los
estudiantes, de los jóvenes que salieron a la calle pensando algunos como
estudiantes en trasformar la educación para luego como profesionales
transformar el país.
Endeudarse
es una opción pero es una opción privada, que como tal produce rendimiento a
costa de lo que renuncian las familias para que sus hijos estudien. Algunos
estudios han mostrado que los estudiantes con crédito para el sostenimiento
tienen un 30% menos de posibilidad de desertar de la educación superior, pero
aun así desertan, quedan muchas cosas por resolver, quedan muchas preguntas por
plantear pero existen algunas que podemos concluir.
Conclusiones:
·
Si bien el crédito educativo a través del ICETEX ha aumentado su participación en la
financiación de la educación superior generando un importante impacto sobre la
cobertura, la mayor parte de esta financiación se destina para las IES privadas,
sin embargo en este sector existe una asimetría de información entre IES
privadas y personas con crédito educativo, por lo que una proporción muy apreciable
de los créditos se destina para el ingreso de los beneficiarios en IES de baja
calidad.
·
La misión del crédito ACCES como un método para
disminuir la inequidad no se ha cumplido, puesto que las condiciones para
acceder al crédito son muy rigurosas y terminan excluyendo a una gran proporción
de la población más vulnerable , por otro lado los créditos asignados terminan
financiando IES de baja calidad --si tomamos una proposición simple- los estudiantes de pocos recursos económicos
que no pueden acceder a una educación media de buena calidad , posteriormente
no logran conseguir un cupo en una universidad pública, para luego termina en
una IES privada de baja calidad, lo que en cierto modo contribuye a agudizar la
asimetría de la información, no solo en la educación sino en la sociedad, y
además contribuyen a la formación de profesionales de muy baja calidad con
bastantes desventajas a la hora de conseguir empleo.
·
Se analizo en dos líneas generales el subsidio
a la demanda y podemos concluir que no es una forma de contribuir a la solución
del conflicto armado y social que vive el país, por lo que es importante voltear
la mirada hacia el subsidio a la oferta, y la pregunta que surgiría seria la
siguiente ¿con un aumento de la cobertura que además garantice un bienestar
universitario para un desarrollo de la actividad académica de manera digna, se
podrán disminuir los niveles de deserción, y reducir la inequidad existente?[4]
·
Un argumento que se suele utilizar para abogar
por la privatización es que la gestión del sector privada es más eficiente[5]
que el público, es evidente que existen problemas de corrupción en algunas
universidades publicas pero como diría Stiglitz “En un trabajo con
Sappington(1987b), mostré que las condiciones bajo las cuales la privatización
llevaría necesariamente a una mejora del bienestar eran extremadamente restrictivas,
muy similares a aquellas bajo las cuales los mercados competitivos promoverían
unos resultados eficientes en el sentido de Pareto” (Stiglitz,
2002, pág. 137)por
lo tanto no se puede restringir la posibilidad de brindar una mayor oportunidad
para el ingreso de mas personas a una educación publica y de excelencia académica.
Cuando se privatiza se pretende sacar de la
discusión política los derechos sociales porque estos pasan a ser provistos por
operadores privados. Esa es la magia de los reformadores. Y por esto la
discusión política se ha concentrado en los temas relacionados con el orden
público, que es lo que tiene que ver con la esfera política del Estado, dándole
un bajo perfil a la discusión de la esfera económica y social. Es preciso
politizar lo público. Los derechos sociales, que pasan a ser administrados por
proveedores privados, a través de la intermediación financiera, no pueden ser
ajenos al proceso político. Tales administradores deben responder políticamente
y la sociedad debe encontrar mecanismos que le permita acceder al control real
de tales bienes y servicios sociales. Es a partir de allí que se debe construir
un nuevo Estado, basado en el control popular de lo social, de lo económico y,
por supuesto, de lo político (Celis Giraldo
& Gómez Campo, 2009).
BIBLIOGRAFIA
Celis Giraldo, J. E.,
& Gómez Campo, V. M. (2009). Crédito educativo, acciones afirmativas y
equidad social en la educación superior en Colombia. Revista de Estudios
Sociales No. 33, 106-117.
Fin/pbs/feb, P. (s.f.). Agencia de noticias UN. Recuperado el 2 de
Noviembre de 2011, de Agencia de noticias UN:
http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/credito-educativo-no-llega-a-quien-lo-necesita/index.html
Giraldo, C. (2003). Rescate de lo publico. En C. Giraldo, Rescate de lo
de lo público. Poder financiero y derechos sociales (págs. 3-21). Bogotá:
Centro de Estudios Escuela para el Desarrollo, Academia Colombiana de Ciencias
Económicas, Ediciones Desde Abajo.
Stiglitz, J. E. (2002). La información y el cambio en el paradigma de la
ciencia económica. REVISTA ASTURIANA DE ECONOMÍA - RAE Nº 25 2002,
95-164.
Educación para la pa
[1]
Es
abusivo creer que el gasto en educación no debe aumentar, pues, es casi
de sentido común que las naciones desarrolladas tienen un porcentaje muy
apreciable respecto al PIB que destinan para educación, por lo que la pregunta no es de fondo sino de
forma.
[2]
“De los créditos adjudicados en el período 2003 a 2008,
el 80,3% de los beneficiarios estaba en instituciones privadas, y el 19,7%, en
instituciones públicas. Según el nivel de los programas, el 80,4% de los
estudiantes cursaba una carrera universitaria, y el 19,5%, un programa técnico
o tecnológico (ICETEX 2008).” (Celis Giraldo & Gómez Campo, 2009, pág. 109)
[3]
Programa mínimo de los estudiantes MANE (mesa amplia nacional estudiantil).
[4]“Las
políticas y estrategias que aumenten y mejoren la igualdad social de oportunidades
educativas constituyen un aporte central a la construcción de la democracia y a
la inclusión social. Sin este tipo de políticas serían aún mayores la
desigualdad social y la reproducción de la estructura existente de poder y privilegios,
reproducción que deslegitima el sistema social al privilegiar los factores de
herencia –cultural, social, económica, etc.– sobre el mérito y el esfuerzo
individual en la estratificación social y ocupacional” (Celis
Giraldo & Gómez Campo, 2009)
[5] No
necesariamente más eficaz.
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Este documento fue elaborado por el Centro de Estudios Raúl Alameda
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